Los arquitectos de Cádiz insisten en que se den alternativas al derribo de Náutica

El Colegio de Arquitectos de Cádiz se ha dirigido a la Junta de Andalucía para insistirle en que reconsidere su actitud con respecto al inmueble que alberga la Escuela de Náutica de Cádiz. En un escrito dirigido a la Consejería de Economía y Hacienda -de la que depende este edificio, aunque el Centro Náutico Pesquero pertenece a la Consejería de Innovación a través de su órgano Ifapa-, solicitan a la Administración autonómica que le haga llegar una copia del informe sobre el estado en el que se encuentra el edificio y que realizó la empresa Vorsevi. La Junta de Gobierno del colegio se ha comprometido con la Junta a elaborar una valoración de este documento en un plazo no superior a 15 días.

También solicitan que se cambien las bases del concurso de contratación de obras en este inmueble para que las empresas participantes «puedan entender el derribo como una posibilidad y no como una imposición de la convocatoria», para lo que necesitarán obtener una copia del citado informe, señaló el decano de los arquitectos gaditanos, Ramón Pico. En un comunicado reveló que han pedido la inclusión con carácter de urgencia del edificio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que el colegio califica como «magnífico ejemplo del movimiento moderno».
La Administración autonómica tendrá que pronunciarse sobre esta serie de peticiones y, mientras tanto, será el IES Rafael Alberti, de la barriada de La Paz, el que acoja a partir del próximo lunes la realización de los tres exámenes que aún quedan pendientes antes de la finalización del presente curso académico. El director de la Escuela de Náutica, Pedro de Hoces, explicó que el número de alumnos que tendrán que desplazarse hasta el Rafael Alberti para examinarse ronda el centenar.

El jefe de Personal del Ifapa acudió ayer al centro desde Sevilla para informar a los empleados sobre cuál es la situación y las perspectivas de solución futura. El presidente del comité del personal laboral, Javier Cabarcos, negó que en esta reunión se haya aclarado el futuro de la escuela y de su personal. Señaló que el directivo no les ha asegurado una reubicación definitiva en la capital y tampoco les ha confirmado que vayan a ser reinstalados en San Fernando, como viene manteniendo el delegado del Gobierno autonómico en la provincia, José Antonio Gómez Periñán, en los últimos días. A este respecto, Cabarcos ironizó sobre el tema y calificó como una casualidad que el delegado supiera más que nadie sobre el todo el asunto.

El representante de los empleados manifestó a la dirección del centro y a los trabajadores, explicó Cabarcos, que el motivo del cierre se escapaba de las instancias del organismo del que depende la escuela -el Ifapa- y que la orden venía de las alturas, en referencia a órganos de dirección de elevado rango competencial, aunque no se reveló el nombre.

Los ánimos en el Centro Náutico Pesquero están crispados por la incertidumbre y el desconocimiento sobre lo que sucederá a partir del próximo viernes, día en el que el edificio deberá haber sido desalojado por completo tras 40 años como sede de este centro de formación.

El caso de Náutica revela la indefensión de la arquitectura del siglo XX

El intento de la Junta de Andalucía de derribar el edificio de Náutica ha destapado una realidad que hasta ahora había circulado sólo por los pasillos de las instituciones académicas: la desprotección del patrimonio arquitectónico más reciente. La arquitectura moderna se enfrenta a la incomprensión e indiferencia de políticos y vecinos, con tan sólo un puñado de voces que alertan de esta sangría que afecta a los mejores edificios del siglo XX. En contra de la arquitectura de los últimos cien años juega también ese criterio estético subjetivo que permite hablar de edificios feos y bonitos y no de calidad. El año pasado, la celebración de la sexta edición del Congreso DoCoMoMo puso la primera piedra con la Carta de Cádiz, un documento que lucha contra la desaparición de los edificios más relevantes del Movimiento Moderno.

DoCoMoMo son las siglas de Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement (Documentación y Conservación de Edificios y Barrios del Movimiento Moderno). Se trata de una iniciativa internacional que surgió en el año 1990 en París y que en España y Portugal tiene su propia organización, el DoCoMoMo Ibérico (www.docomomoiberico.com).

La organización ibérica, tras estudiar los ejemplos de arquitectura del siglo XX en España y más concretamente en Andalucía y Cádiz, redactó una lista de 90 edificios, barrios o conjuntos que a su juicio son los que deberían ser protegidos y perdurar en el tiempo para generaciones venideras. De esos 90, la Junta de Andalucía ha decidido incoar el expediente de inscripción en el Registro General de Patrimonio de Andalucía de 12 conjuntos, entre los que se encuentra la Escuela de Náutica que el delegado del Gobierno, José Antonio Gómez Periñán, sugería demoler. En realidad, Náutica no es una excepción. Muchos de esos 90 incluidos en el listado del DoCoMoMo ibérico se encuentran en estado semirruinoso o al menos, necesitan una urgente intervención. Es el caso de algunas de las viviendas sociales que se incluyen en el listado, como las de la barriada de La Plata, de Fernando de la Cuadra, en Jerez; o los edificios de las 256 viviendas de la barriada, que aunque fueron levantadas en los años ochenta ya necesitan reparaciones, ya que se encuentran mirando a la Bahía y les afecta mucho el salitre.

Mucha menos solución tiene el caso de la antigua Lonja de Barbate. El edificio de Casto Fernández-Shaw e Iturralde fue derribado tan sólo semanas después de que se incluyera en el listado del DoCoMoMo. Se alegó que su estado era ruinoso y se temía el colapso del edificio. Lo cierto es que, aunque la idea del Ayuntamiento es levantarlo tal y como era, el original ya sólo se podrá ver en fotografías.

Más del 40%, en Cádiz

Hay que tener en cuenta que de ese listado, 38 inmuebles o conjuntos se encuentran en la capital gaditana, lo que significa el 42% del total. Le sigue Jerez, con 13 (algo más del 14%) y luego hay otros edificios o barrios de Tarifa, San Fernando, Puerto Real, etc. Muchos de ellos son, aunque tengan más o menos el aprecio del ciudadano, iconos de la ciudad, como las Torres de Luz de Puerto Real. O las alamedas, tanto de Jerez como de Cádiz. Y por supuesto, los teatros de ambas ciudades, el Falla y el Villamarta. En esta relación se incluyen el Balneario de La Palma o el Monumento a Las Cortes, en Cádiz.

Pero luego existe toda una serie de edificios que pasan totalmente inadvertidos y cuya inclusión en el listado de inmuebles a proteger resultaría una sorpresa para los vecinos de la zona o los paseantes habituales. Es el caso de la clínica dental de la calle Tamarindos, en Bahía Blanca, de Tomás Carranza; o la Casa Grosso (Bahía Blanca, 8), de Francisco Hernández Rubio.

mcaballero@lavozdigital.es
Torres de La Luz (Puerto Real)
Lugar: Zona industrial del Trocadero (Puerto Real) y Zona militar de Puntales (Cádiz).
Ingeniero y fecha: Alberto Toscano (1955). Lugar: Calle Manuel María González, 16.
Arquitectos y fecha: Fernando de la Cuadra e Irizar y Eduardo Torroja Miret (1960-1963).

Bodegas Tío Pepe (Jerez)
Lugar: Calle Manuel María González, 16.
Arquitectos y fecha: Fernando de la Cuadra e Irizar y Eduardo Torroja Miret (1960-1963).

Casa Grosso (Cádiz)
Lugar: Avenida Bahía Blanca, 8.
Arquitectos y fecha: Francisco Hernández-Rubio Cisneros (1958).

Lonja de pescado (Barbate)
Lugar: El edificio, conocido como La Chanca, estaba junto a la desembocadura del río. Se encontraba en ruinas por lo que el Ayuntamiento decidió demolerlo.
Arquitectos y fecha: Casto Fernández-Shaw e Iturralde (1940).

Ambulatorio Hnos. Laulhé (San Fernando)
Lugar: Carretera de la Carraca, s/n.
Arquitectos y fecha: Fernando Cavestany Pardo-Valcarcel (1954)

256 viviendas de La Paz (Cádiz)
Lugar: Situadas en la avenida del Guadalquivir, en la barriada de La Paz.
Arquitectos y fecha: José A. Carbajal y Rafael Otero González (Año: 1988).

Clínica dental (Cádiz)
Lugar: Calle Tamarindos, 1 (Bahía Blanca).
Arquitectos y fecha: Tomás Carranza (años 1998-2000).

La Junta dice que el derribo de la Escuela de Náutica no es firme y lo deja en manos de los arquitectos

La Junta pasa la pelota de la decisión de derribar, total o parcialmente, la antigua Escuela de Náutica a otro tejado. Si el martes el delegado de Gobernación, José Antonio Gómez Periñán, daba prácticamente por hecho el derribo, ayer el dirigente informaba de que la decisión no era firme y de que se abre un concurso de proyectos en el que los arquitectos pueden presentar alternativas de obra que contemplen derribar el inmueble de La Caleta «en su totalidad o en ninguna parte». Eso sí, el delegado ha indicado que un informe encargado a la empresa Vorsevi revela que el edificio está «gravemente enfermo» y que la estructura presenta «múltiples patologías».

El máximo responsable de la gestión del Patrimonio de la Junta en Cádiz, el delegado de Economía y Hacienda, Daniel Vázquez, indicó que hasta finales de junio, está abierto el plazo para que se presenten proyectos que convirtieran la antigua Escuela en una sede administrativa con capacidad para «entre 300 o 500 funcionarios». En este concurso de proyectos, lo que se antepondrá será la «seguridad de las personas» y se rechazarán las ideas «voluntaristas», según indicó Periñán, que fue muy tajante sobre las críticas que se han producido -principalmente desde el colectivo de los arquitectos- al derribo del edificio: «No vamos a permitir que un debate prolongado en el tiempo ponga en riesgo la seguridad de las personas».

Estado del edificio
Lo cierto es que en la actualidad la antigua Escuela de Náutica sólo tiene abiertas un 30% de sus instalaciones, concretamente las dependencias que se añadieron hace nueve años al edificio y su planta baja. Cuando termine el curso, el bloque entero dejará de tener uso. Todos los cursos que se impartían en estas dependencias, especialmente las ligadas a la enseñanza marítimo-pesquera, han sido alojados en el IES Cornelio Balbo. Periñán dijo que la Junta «agradece la buena voluntad de los que quieren conservar el edificio» e indicaba que había mantenido una reunión con las asociaciones de vecinos cercanas y con el Colegio de Arquitectos para mostrarles cuál era la intención de la Administración y el estado del edificio.

Tras esta reunión, el decano del Colegio de Arquitectos, Ramón Pico, afirmó que el colectivo seguía defendiendo el mantenimiento de la Escuela. «Ahora estamos en sintonía con el delegado, ya que él se ha mostrado dispuesto a parar el derribo. En un lado de la balanza se pondrá el patrimonio arquitectónico y en otro las patologías del edificio».

Si el delegado era pesimista en cuanto a la conservación de la Escuela, Pico opinaba que, «aunque no sabemos qué patologías presenta, estamos seguros de que se podrán conservar, al menos, las partes más importantes». Pico postula por rehabilitar el inmueble, que está inventariado -que no catalogado- por la Junta, «al igual que se ha hecho con otros edificios en España». El decano secundó la idea de que lo principal era la seguridad del inmueble y rechazó la posibilidad de que, en caso de que hubiese que derribar las instalaciones, se pudiesen reconstruir de la misma manera. «La reconstrucción no es una solución, eso sería una falsificación. Si se derriba habría que elaborar un proyecto en consonancia con el siglo XXI».
Los arquitectos, junto con los responsables de Cultura y Gobernación, están emplazados a una reunión el día 20 de mayo para que los primeros conozcan el alcance de las patologías del edificio y puedan proponer alternativas de conservación.

Por su parte, Vázquez recalcó que las obras en el inmueble se realizarán cumpliendo «escrupulosamente» con la legalidad tanto de «las normas de protección que determine la Consejería de Cultura» como de lo que contemple el PGOU de Cádiz.

La Junta quiere demoler un edificio que está en trámites para «ser protegido»

Es algo «absurdo» y «surrealista» y supondría un «gravísimo atentado contra el patrimonio de Cádiz». Esa es la opinión unánime de los arquitectos de la ciudad en relación a la demolición de la Escuela Náutica. Un anuncio que hizo el pasado martes el delegado de la Junta de Andalucía, José Antonio Gómez Periñán. Para Juan Jiménez Mata, el edificio, que data de 1970, es «perfectamente rehabilitable porque es muy grande y puede albergar muchas oficinas, además no está en ruinas».

Jiménez también apela al valor arquitectónico cuando afirma que en la Guía de Arquitectura de Cádiz, de la que él es uno de los autores, se destaca «la importancia enorme de este edificio que está en perfecta armonía con el entorno de La Caleta». Una opinión que es compartida por Tomás Carranza, otro colega. «No tiene ningún sentido que tiren este edificio porque estamos hablando de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura contemporánea que tiene la ciudad que tiene una serie de valores fantásticos. Por todo ello no nos podemos permitir ese lujo», sentencia.

El arquitecto Julio Malo de Molina también considera que es «una decisión equivocada», fundamentalmente porque «estamos hablando de una pieza emblemática del movimiento moderno de las mejores de Andalucía que tiene un valor extraordinario». Prueba de ello es que la Escuela Náutica «ha sido elegida muchas veces como símbolo de la ciudad, como hace dos años con motivo del Día Mundial de la Arquitectura», señala. Asimismo, Malo de Molina destaca «la pureza estilística indudable» y aporta como solución la rehabilitación. «Es un edificio perfectamente a cualquier uso, es una de las ventajas de la modernidad», agrega.

Comunicado del Colegio
Desde el Colegio de Arquitectos de Cádiz se muestran «bastante sorprendidos» por la noticia, precisamente porque la Escuela Náutica está «en vías de protección ya que fue inscrita hace tres años, junto con doce edificios más de toda la provincia, en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea y es la Consejería de Cultura la que está redactando los expedientes», explica Ramón Tico, el decano.
El Colegio, que ha emitido un comunicado expresando su disconformidad con esta decisión de la Junta, tiene previsto movilizarse y contactar con la Consejería de Cultura con el fin de «evitar este atentado contra la arquitectura gaditana», un edificio que data de 1970 y que tiene forma de barco.

La Junta derribará la Escuela de Náutica para hacer nuevas oficinas

El barco está a punto de irse a pique. El edificio que acogió durante años la Escuela de Náutica de Cádiz (frente a la playa de la Caleta y hoy Instituto Náutico Pesquero) será demolido por su actual propietario, la Junta de Andalucía, para construir un nuevo inmueble y destinar diferentes sedes oficiales. El mástil que ha presidido durante casi 40 años la avenida Duque de Nájera caerá bajo la marea de las piquetas en las próximas semanas.
Fuentes de la Administración autonómica confirmaron que el proyecto de derribo sigue adelante, una vez que se ha constatado que «era imposible mantener el actual edificio por problemas arquitectónicos».

La escuela fue inaugurada en el curso 1970/1971, si bien hace años se trasladó su actividad universitaria a Puerto Real. Desde entonces, acogía al Instituto Pesquero; y desde entonces está en manos de la Junta, que con el derribo y la nueva construcción pretende ampliar las oficinas actuales de que dispone en Cádiz. Lo que está por confirmar es qué servicios irán a esta nueva sede.

En un principio, el proyecto tiene un coste de unos 2,5 millones de euros y una superficie de 24.000 metros cuadrados. Precisamente, una de las razones de la demolición es ganar espacio y funcionalidad para una actividad administrativa, ya que el actual espacio no reunía las condiciones para su futuro cometido. Con todo, echar abajo la escuela y erigir una nueva estructura supondrán tres años de obras como mínimo.

El proyecto ya ha generado la primera polémica. El arquitecto -y principal impulsor del Foro de la Aduana-, José María Esteban, ha denunciado que otro edificio significativo de la ciudad está a punto de desaparecer «bajo el silencio de todos los que dicen defender el patrimonio de la ciudad». A diferencia de lo que se argumenta en contra de la vieja Aduana junto al muelle, «este edificio sí es una muestra inequívoca del modernismo gaditano y, por lo tanto, deberían alzar la voz muchos de mis compañeros, pero está claro que están más preocupados de sacarse algún dinero». El arquitecto admite el deterioro de la vieja escuela, aunque señala que «puede salvarse porque es un símbolo de esa zona de la ciudad e incluso debería recuperar su condición como lugar de enseñanza». Por ello, pide la intervención del Ayuntamiento.

Los obreros de Ruiz de Bustamante, 4 vuelven a trabajar en la finca

Los vecinos de la finca colindante a Ruiz de Bustamante, número 4, cuyas obras fueron paralizadas por la Delegación Municipal de Urbanismo, denunciaron ayer que los obreros encargados de las obras de la rehabilitación de la misma habían vuelto a retomar los trabajos.

A pesar de que Urbanismo ha iniciado un proceso sancionador contra el promotor tras haberse destruido el interior de una finca catalogada con el nivel 1 de protección, los vecinos aseguran que durante la jornada de ayer volvieron a escucharse golpes en el interior del inmueble y que había trabajadores dentro.

Además, algunos ciudadanos aseguraron que un camión se llevó de la finca numerosas maderas que estaban en el interior del inmueble.

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha advertido que en la actualidad sólo se pueden llevar a cabo en la finca obras de seguridad, ya que hay una investigación abierta sobre la actuación que se ha llevado a cabo.

Arreglos

Los vecinos de la finca colindante, que cuenta con numerosos desperfectos a consecuencia de las obras, también han asegurado que el promotor también se ha comprometido a arreglar los daños ocasionados, entre ellos, las grietas que han aparecido en las paredes y techos de casi todas las viviendas, así como las losas rotas. Sin embargo, parece que esta actuación tendrá que esperar a que se aclare la situación del número 4. Por otra parte, los responsables del equipo de Gobierno del Ayuntamiento no han querido responder al anuncio efectuado por el PSOE, que está dispuesto a llevar el caso a la Fiscalía.

nagrafojo@lavozdigital.es

Primer párrafo del Preámbulo de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46

Un espacio en la red para debatir e intercambiar ideas

El objetivo de esta iniciativa (http://blogs.lavozdigital.es/patrimonio) no es sólo denunciar algunas situaciones que se estén produciendo en los cascos históricos de los municipios, sino también poner en valor las actuaciones que se lleven a cabo, de tal manera que pueda recogerse también el testimonio de los errores, para corregirlos en el futuro y evitar daños, pero también de los aciertos.

El espacio se podrá enriquecer con trabajos escritos y fotografías y con cualquier otro material audiovisual que puedan aportar los internautas, ya sean profesionales del sector -arquitectos, historiadores, promotores o conservadores- como aficionados e interesados en la conservación del patrimonio en general. La intención es abrir un espacio de debate, para identificar los problemas y aportar soluciones con vistas al mantenimiento de la memoria patrimonial. Un asunto que suscita mucho interés a juzgar por una de las últimas polémicas de la ciudad: si debe conservarse o no el edificio de la nueva Aduana para la remodelación de la plaza Sevilla.

Algunas de las noticias, trabajos o denuncias podrán ser recogidas y ampliadas en la edición impresa del periódico. Y también sucederá a la inversa: las noticias que se publiquen en el periódico cada día tendrán su reflejo en este espacio habilitado en la web.

El endurecimiento de las medidas de protección no evita que se siga destruyendo el patrimonio

El patrimonio gaditano no había gozado de tanta protección a lo largo de su historia como ahora. Nunca hubo tantas leyes -y tan estrictas- que preservaran nuestro pasado, en un intento sin precedentes de congelar esa postal en la que se ha convertido el casco antiguo. Y sin embargo, ésta es la época en la que más se está destruyendo. Ésa es la conclusión a la que llegan algunos historiadores y amantes del patrimonio, entre ellos, algunos de los que se reunieron en un nuevo encuentro del Observatorio del Patrimonio creado por LA VOZ: dos historiadores (Lorenzo Alonso de la Sierra y Alfredo Serrano), el arquitecto Carlos Delgado y el director de la Escuela de Arte de Cádiz, Luis Gonzalo González.

Algo falla

Una de estas voces que se alza contra esta contradicción es la del historiador Lorenzo Alonso de la Sierra. «Es trágico lo que está ocurriendo, porque hay algo que no funciona. Tenemos una ley pero no la aplicamos porque el criterio del historiador del arte se ha abandonado», subraya.

En la conversación surge el debate sobre si los historiadores del arte deberían tener una voz que hablara por todos -o por lo menos desde un cierto punto de vista- como pasa con los arquitectos, con su colegio, o con los promotores, con las asociaciones. Alonso de la Sierra se lamenta de que a veces se solicitan informes de historiadores para después ignorarlos, como se hizo en el concurso de la Oficina de Rehabilitación de la Junta para rehabilitar el Convento de Santa María.

El problema no es exclusivo de Cádiz, advierte Alonso de la Sierra, pero lo cierto es que afecta al casco antiguo, especialmente en los últimos años en los que se ha dado un impulso, por parte de las instituciones públicas y los promotores privados, a la rehabilitación del caserío.

Y no se trata sólo del patrimonio mueble e inmueble, sino también de los jardines históricos, apunta Alfredo Serrano, también historiador del arte.

Si se va a la raíz del problema, existe coincidencia de criterios sobre algunos asuntos. En primer lugar, que la información que poseen las autoridades es insuficiente, principalmente el Ayuntamiento que es el que tramita las licencias de obra, aunque el cumplimiento de la conservación del patrimonio esté en manos de la Junta de Andalucía. «Las fichas actuales del PGOU tienen tantas carencias porque se hicieron hace 10 o 12 años y hay que actualizarlas», sostiene el arquitecto Carlos Delgado. Es decir, «hay una mala información de lo que tenemos».

Criterios difusos

También existe un acuerdo en que los criterios no son fijos y varían dependiendo de quién esté en la Comisión de Patrimonio (controlada por la Junta y en la que participa el Ayuntamiento y un representante del colegio de Arquitectos). Pero existen también denuncias de profesionales de que lo exigido por el Ayuntamiento tampoco es la «Biblia». Eso, por no hablar de las contradicciones. «Hace un tiempo hice un proyecto de una finca y me dijeron que tenía que dejar la piedra ostionera a la vista y después me llegó una carta de Cultura que tenía que pintarlo, cuando la obra ya estaba terminada», comenta Delgado.

La clave, para el director de la Escuela de Arte, Luis Gonzalo González, es «unificar criterios y aprovechar los conocimientos de una serie de profesionales, de Ingeniería, de la propia Escuela de Arte y hasta de Filosofía y Letras que están trabajando en estos temas». Para Gonzalo González, otro de los problemas es que no se utilizan una serie de avances a los que se ha llegado en el campo de la rehabilitación. «Ahora se hace el revestimiento de los edificios basándose en unas técnicas nuevas, con pigmentos naturales», explica.

Pero Alonso de la Sierra pone el dedo en la llaga al hablar del debate de fondo: «Tenemos que tener claro qué modelo de patrimonio queremos tener, uno como lectura de lo que hemos sido, de lo que nos identifica, o uno mixto, como un lienzo en blanco para pintar obras nuevas». El historiador recuerda que «cuando se destruye algo -un arco, un patio, una casa- se pierde para siempre». Y sale entonces a colación el patio de Ruiz de Bustamante. Las obras de derribo de esta finca que tiene protección de grado 1 se pararon, pero era ya tarde. El patio desapareció y como mucho, ya sólo se podrá contemplar en alguna fotografía.

Parroquia de La Pastora

En otros casos, aún se está a tiempo, subrayan los historiadores, como por ejemplo en algunos de los elementos muebles e inmuebles del convento de Santa María, o en la parroquia de La Pastora, «que tiene unos retablos fabulosos pero está muy deteriorada y a nadie se le ha ocurrido arreglarla», subraya Alonso de la Sierra.

Y en otros más, a pesar de que la rehabilitación ha dado un resultado impactante, se ha eliminado lo que había antes, que tenía su valor. Un ejemplo de esto último sería la Casa del Plátano. Una reforma que los presentes alabaron desde el punto de vista de la arquitectura contemporánea (el trabajo del estudio de Giles y Morales ha merecido un premio), pero que algunos creen que no debió hacerse a costa de eliminar la tipología y características de la antigua finca.

Surgen otros asuntos en la conversación, como la contaminación visual de algunos letreros comerciales en las fachadas, apunta Serrano. Y también aspectos positivos. «Creo que en general, las intenciones del 99% de la gente, sean políticos o promotores son buenas, pero tal vez habría que pensar qué falla en el proceso», comenta Lorenzo.

¿Las soluciones? Se apuntan ideas y una última sugerencia de los historiadores: «En asuntos de patrimonio, todos tenemos que sentir la ciudad como algo nuestro, por encima del color político».

Los vecinos de Ruiz de Bustamante, 6 pedirán responsabilidades al promotor de la finca colindante

La comunidad de propietarios del número 6 de la calle Ruiz de Bustamante pedirá responsabilidades a la empresa promotora encargada de los trabajos que se están acometiendo en la finca colindante por el deterioro que ha sufrido el inmueble desde el inicio de la construcción. Los siete vecinos de la finca mantuvieron una reunión el pasado miércoles para estudiar acciones que impidan la aparición de más grietas en la finca.

Por este motivo, los vecinos le harán llegar a los propietarios un escrito con las exigencias de la comunidad y ofrecerán unas semanas de plazo al promotor para que lleve a cabo una inspección en el edificio y compruebe los daños ocasiones. En caso de que no se solventen los problemas, los propietarios están dispuestos incluso a llegar a los tribunales.

Además, el propietario de uno de los locales comerciales situado en la zona baja del edificio también informó de los daños que ha sufrido su propiedad desde el inicio de los trabajos en el número 4 de la misma calle. En este sentido, explicó que el muro que colinda con la finca se encuentra roto y también ha sufrido desperfectos en el cuarto de aseo.

Otros vecinos también informaron de las grietas que han aparecido en sus viviendas y de la rotura de algunas losas. De hecho, la vecina de la planta baja ha sufrido en estos días la rotura de uno de los techos desmontables que tiene instalado en uno de sus patios, al caer encima algunas losas.

Mientras tanto, las obras de construcción que se están a cometiendo de forma supuestamente ilegal en el número 4 siguen paralizadas por la Delegación Municipal de Urbanismo. Esta finca estaba protegida con el nivel 1 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, Urbanismo sólo otorgó una licencia para el derribo parcial del interior. Sin embargo, la empresa promotora ha llevado a cabo la demolición de todo el interior a pesar de que allí se encontraban elementos de gran valor arquitectónico.

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