Skip to content

Desmadre urbanístico

2011 diciembre 8
por silvia tubio

Lo del tratamiento judicial al fenómeno de las construcciones ilegales es para mirárselo. No cabe en razonamiento jurídico alguno, que un mismo hecho delictivo, medido por el mismo rasero, sea penado de forma distinta. La sensación de desprotección, para algunos, y de impunidad, para los más avispados,  es tremenda y también abismal la distancia entre ambas. Una misma ley, con sus sentencias y resto de ingredientes procesales, no puede castigar a unos a quedarse sin casa y a otros a un simple tirón de orejas y arañón en el bolsillo por cometer el mismo delito. ¿Dónde está aquí el principio de proporcionalidad?

Es muy impopular ordenar demoliciones y muchos ayuntamientos, del color que sean, han dejado correr años mirando hacia otro lado o pasando más o menos disimuladamente la mano a  quien levantaba un ladrillo donde le venía en gana. Los tribunales, por suerte, no dependen de votos. Derribar lo ilegal (que a veces se olvida que detrás de cada cimiento hay un delito como un castillo) moviliza solo a quien le afecta directamente la pica, creyendo el resto de vecinos que ese incumplimiento de las normas no va con ellos; aunque sean ellos los únicos que pagan determinados impuestos, que otros se los ahorran por la patilla porque su casa no existe en los papeles. Luego, aquellos que miran por sus votos, les echan el cable para regularizar su casa y algunos responden que de pagar tanto nones.  Como si el resto de mortales, sin paraísos fiscales donde esconderse, pudieran decidir la cuantía que pagan por el IBI. Cuando cumplir con las normas sale más caro que pasar de ellas, la justicia pierde sentido.

Los procesos de regularización van a crear situaciones muy injustas: propietarios condenados y algunos, los menos, con sus casas tiradas; y otros, que viven a pocos metros, a salvo de la quema gracias a la bondad del Gobierno local, regional o el que esté más necesitado de apoyo popular.