El constitucionalismo: proceso político y Derecho

El proceso de organización del poder político en el Estado, ha ido acompañado de un proceso simultáneo de juridificación en la búsqueda de predeterminar sus decisiones y conseguir la previsibilidad de su actuación, de alcanzar la seguridad. Desde las Monarquías absolutas, en las que el poder era legibus solutus, el esfuerzo humano se ha dirigido a definir el Estado a través del Derecho y a predeterminar su comportamiento a través de reglas jurídicas, con el propósito de sujetarlo a la voluntad de la Sociedad y de garantizar su actuación no arbitraria.

El Estado y la Sociedad no son comportamientos estancos, que permitan definir por exclusión lo público y lo privado. Se interelacionan a través de una esfera pública, que no es estatal, pero que es parte integrante del sistema político, donde el Estado interviene mediante el Derecho y actúa también mediante instrumentos privados (por ejemplo, a través de empresas) y en la que la Sociedad participa con el fin de determinar la vida del Estado (por ejemplo a través de las elecciones, los partidos políticos, la prensa o los grupos de interés). Esta esfera pública ha sufrido una enorme ampliación de su volumen a lo largo de los últimos 50 años, y en ella se desarrolla el núcleo del debate y la competencia política.

Los individuos y los grupos en que éstos se organizan, se interrelacionan entre sí en el interior del sistema político, colaborando y compitiendo a fin de obtener decisiones del poder político de acuerdo con sus intereses, valores y creencias. El sistema político ordena el proceso político, es decir, establece las reglas a través de las cuales los sujetos intervienen en el proceso de la adopción de las decisiones políticas o aceptan aquellas que resultan del libre juego de los poderes de hecho. El Derecho establece así, por acción u omisión, las condiciones del iter a que deben someterse los sujetos a fin de alcanzar las decisiones en cada uno de los procesos singulares. El esfuerzo por configurar procesos políticos basados en una amplia participación y en la existencia de garantías de no discriminación de los miembros de la sociedad, ha ido paralelo con la voluntad de someter estos procesos al conocimiento público y a su sujeción a normas jurídicas que predeterminaban los límites de la decisión, las intervenciones necesarias previstas y la no arbitrariedad. La creación del Estado como núcleo central del sistema político y la sumisión del proceso político al Derecho, son rasgos definidores del constitucionalismo, que han hecho posible la aparición del Estado constitucional y han abierto las puertas al predominio del principio democrático.

El Estado moderno trata, pues, de conseguir que el proceso político esté canalizado por el Derecho surgido de la voluntad de los ciudadanos, predeterminado y aplicable a todos, como la garantía del autogobierno de la Sociedad. Al situar el proceso político bajo cauces jurídicos, se establecen las reglas por las que fluye el poder político, económico y social. El origen democrático del poder asegura, allí donde impera, la existencia de igualdad entre los miembros de la comunidad. Desde el punto de vista del sistema político, conlleva la lógica de la sumisión del Estado a la Constitución y a la Ley, y la sumisión de los ciudadanos a unas reglas equitativas de participación y competencia a fin de generar unos procesos políticos que destierren el recurso a la fuerza como argumento.

El constitucionalismo es el movimiento surgido en los últimos tres siglos que se propone alcanzar la sumisión del poder al Derecho establecido por la Sociedad, y en primer lugar a la Constitución. Para ello, al mismo tiempo establece un proceso político abierto, libre y democrático, canalizado a través de reglas predeterminadas que excluyen la legitimidad del imperio de la fuerza como razón única o principal para resolver los conflictos entre los individuos. Este esfuerzo del constitucionalismo ha significado cambios fundamentales en la organización del poder político, aunque no haya tenido aún su culminación. Así, una parte de la vida pública está efectivamente sometida al imperio del Derecho, pero otra vive todavía bajo otros supuestos. En todo caso, en los regímenes democráticos, el Estado es producto del Derecho (acto constituyente), se organiza a través del Derecho y actúa de acuerdo con el Derecho. Con ello, una organización compleja, integrada por órganos existentes diferenciados y con autonomía de sus titulares físicos, produce el Derecho, lo aplica o lo hace respetar, y resuelve los conflictos derivados de su aplicación. El Derecho no es solamente un conjunto de reglas represivas, sino que comprende también un conjunto de reglas organizativas del poder político, así como de las relaciones entre los miembros de la Sociedad.

El sistema político tiene hoy como centro, el poder político organizado en el Estado y el proceso político mediante el cual, Estado y Sociedad se relacionan entre sí. Uno y otro se encuentran directamente conectados con el Derecho. El Estado Constitucional es el resultado de un acto constituyente, configurado como un acto primario de Derecho. Actúa desde el Derecho y a través del Derecho, y a partir del mismo, ejerce la coerción legítima. El acto primario de Derecho, del que se deriva la validez de todas las normas del Ordenamiento, define: a) los límites del sistema político; b) la orientación de la acción estatal; c) la organización del Estado en instituciones y órganos, a los que se les asigna competencias y a los que se les fija los procedimientos de actuación, a fin de que el conjunto del sistema político cumpla las finalidades que le son propias, y d) los procesos políticos de la Sociedad. Este acto primario de Derecho, determina la Constitución política de la comunidad; su contenido es el objeto del Derecho Constitucional.

Fuente:

Derecho Constitucional, Isidre Molas.

¿En qué consiste el refrendo?

Cuando hablamos del refrendo nos referimos a una técnica cuyo objeto o finalidad es el desplazamiento de la decisión del monarca al denominado refrendante.

El refrendo y el Jefe de Estado

En otras palabras, con el refrendo se busca limitar el poder del rey, ya que nos encontramos ante una monarquía parlamentaria, y no constitucional.

- ¿Cómo justificamos la existencia del refrendo?

La justificación del refrendo se puede explicar si atendemos a la legitimidad a la hora de tomar decisiones. El rey no dispone de la legitimidad democrática, que por otro lado sí disponen otros poderes del Estado (elegidos por la voluntad del pueblo, por la voluntad general).

De esta forma mediante el refrendo no va a tomar en decisiones importantes, sino que simplemente va a finalizar procedimientos llevados a cabo por estos otros poderes del Estado que sí disponen de la legitimidad democrática.

- Titularidad del poder de refrendo

El titular del poder de refrendo va a ser el Presidente del Gobierno, que va a refrendar al Rey en tres supuestos, que podéis repasar en el artículo 99 de nuestra Constitución.

Fuente:
Apuntes de Antonio Troncoso Reigada, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cádiz y doctor en Derecho por Bolonia.

Introducción al Tribunal Constitucional

En España, y en muchos otros países, se puede hacer una distinción entre la justicia o jurisdicción ordinaria y la justicia o jurisdicción constitucional. Aquí vamos a ver, muy por encima, el órgano encargado de impartir esta última: el Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional

Fachada de nuestro Tribunal Constitucional.

- La Constitución

La Constitución de 1978, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, se plantea como instrumento principal en la jurisdicción ordinaria (junto a la ley y demás). En la jurisdicción constitucional, sin embargo, será el único instrumento del que va a disponer el Tribunal Constitucional este para resolver conflictos.

- La LOTC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

La LOTC, como su nombre indica, va a ser la norma que va a regular todo lo referente al Tribunal Constitucional, básicamente establecerá su organización y funcionamiento.

- Composición del Tribunal Constitucional en España

Nuestro Tribunal Constitucional va a estar formado por doce magistrados elegidos por los tres poderes del Estado (en parte por el Congreso y Senado, Gobierno y por último por el Consejo General del Poder Judicial).

Estos magistrados tendrán un mandato de nueve años, renovado por terceras partes.

Fuente de la información: www.derechoconstitucional.es/2013/10/tribunal-constitucional-naturaleza-composicion-competencias.html

Un Estado autonomista

El último principio que caracteriza al Estado configurado por la Constitución española, esto es, su carácter de poder ser descentralizado, aparece también como una respuesta, en forma de contrapunto, al Estado franquista anterior. La extrema centralización de este no hizo sino agudizar las viejas reivindicaciones regionalistas que han caracterizado la evolución política de España en los últimos cuatro siglos. Era lógico, pues, que la nueva Constitución ofreciese así una respuesta a tal problema, que es sin duda el más difícil y complejo de todos los que hemos heredado del franquismo.

Sin embargo, el espíritu del Estado descentralizado no es algo nuevo en el constitucionalismo español. El precedente de las dos Repúblicas españolas y, sobre todo, de la II, ha pesado enormemente en el momento de adoptar dicho modelo. Pero, en todo caso, hay que señalar que la actual Constitución, sin llegar al Estado federal que preconizaba el proyecto de Constitución de la I República, va más allá de la Constitución de 1931 en un doble sentido. Por una parte, porque admite la realidad plurinacional, y no sólo regional, de España, que se configura así como una “nación de naciones”. Por otro lado, porque establece un sistema flexible de competencias que permitirá una amplia cesión de estas a las denominadas comunidades autónomas. Así las cosas, de llevarse a cabo la descentralización  autonómica de todas las regiones y pueblos que componen España, la Constitución de 1978 podría dar lugar, por encima de condicionamientos semánticos, a un verdadero Estado federal y no únicamente a un difuso, doctrinalmente hablando, Estado regional o de autonomías administrativas.

Ahora bien, la característica de la Constitución española, que como ya hemos dicho se trata de una Constitución inacabada, consiste en que el método adoptado para crear dicho Estado de las autonomías aplaza al futuro su total configuración. La Constitución no señala ni cuales son las comunidades autónomas, ni las competencias que tendrán. Lo único que establece es la posibilidad para que las diferentes provincias accedan a su cualidad de entes autonómicos a medida que lo vayan solicitando, estableciendo a este fin diferentes procedimientos y una escala de competencias diversas que se deberán asumir en cada caso.

Un Estado democrático

La primera definición que se debe atribuir al Estado que aspira construir nuestra Constitución es la de ser democrático, o, mejor dicho, la de poder ser democrático. Así lo señala no sólo el artículo 1º de la Constitución, sino también el preámbulo al afirmar que la nación española proclama su voluntad, por un lado, de garantizar la convivencia democrática y, por otro, de establecer una “sociedad democrática avanzada”.

En efecto, a este respecto conviene recordar que la democracia no es otra cosa que la lucha por la democracia, es decir, el movimiento mismo de las fuerzas sociales por el autogobierno de la sociedad. Por eso, un régimen democrático no es únicamente un régimen en donde el poder procede del pueblo, sino sobre todo aquel en donde el pueblo participa, de acuerdo con una concepción plural de la sociedad, en las decisiones del poder y en donde la “voluntad del pueblo puede llevar tan lejos el proceso que quede abierto el camino a cualquier ideología, incluida, claro ésta, la socialista”.

Así, nuestra Constitución posibilita tal objetivo, puesto que sitúa la soberanía en el pueblo, reconoce el pluralismo político y social, al mismo tiempo que establece una serie de instancias, en diversos niveles, para que el pueblo participe bien directamente, bien por medio de representantes, en las decisiones que le afectan.

Existe, por consiguiente, desde el punto de vista del contenido del texto constitucional, la base institucional suficiente para crear un Estado de democracia avanzada, con independencia de lo que después pueda resultar.

El Ordenamiento Jurídico

El ordenamiento jurídico es un elemento que consigue transformar el fenómeno político del Estado en un fenómeno jurídico. Un Estado no puede existir si no tiene su correspondiente ordenamiento jurídico.

Representación del Ordenamiento Jurídico

Cada comunidad política organizada en forma de Estado tiene un determinado conjunto de normas, de ahí que dependiendo del Estado en el que no situemos encontremos por un lado el ordenamiento jurídico inglés, americano, francés, etc.

El mecanismo que convierte a una norma en jurídica y aplicable es la llamada sanción del Derecho. Sin esta sanción ese conjunto de normas no se considerarían obligatorias por parte del conjunto de entes que son el Estado. Es también un hecho histórico que el Estado es el encargado de establecer la fuentes de creación del Derecho, es decir, los modos y formas de creación de norma aplicable.

La monarquía parlamentaria

Queda establecido en el artículo 1.3 de la Constitución española que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.

Monarquía Parlamentaria

La monarquía parlamentaria no es un elemento que se considere un elemento imprescindible del Estado, sino que es un elemento que describe o adjetiviza al Estado.

La Corona tiene un título reservado en la Constitución española para su regulación, el título segundo, de forma que se considera que la monarquía parlamentaria es un poder constituido por la Constitución.

La monarquía llegó a España al morir el general Francisco Franco, cuando entró en vigor la ley de Sucesión a la jefatura del Estado y Don Juan Carlos fue nombrado rey de España.

El rey tiene las funciones de asumir la representación internacional, la legación activa y pasiva (acredita a los embajadores, por ejemplo), manifestar su consentimiento con los Tratados Internacionales y declarar la paz y hacer la paz con el permiso de las Cortes Generales.

Procedimiento agravado de reforma constitucional

El procedimiento agravado de reforma constitucional está regulado en el artículo 168 de la Constitución española.

Senado - Derecho Constitucional

Para aprobar una reforma por el procedimiento agravado, hace falta contar con una mayoría de dos tercios de cada cámara.

Es un procedimiento de reforma muy rígido, reservado a materias particulares, a la revisión total de la Constitución o a una revisión parcial que afecte a las materias del título preliminar, los derechos fundamentales de la sección primera, del capítulo segundo como la Corona.

Para aprobar una reforma por el procedimiento agravado, hace falta que la reforma sea aprobada por Congreso y Senado con una mayoría de dos tercios. Si se aprueba se procede a disolver las Cámaras y a la celebración de las nuevas elecciones. Las nuevas cámaras resultantes tienen que ratificar la reforma por mayoría simple. Tras esto debe aprobarse de nuevo por mayoría de dos tercios de las cámaras y finalmente ser ratificada en referéndum.

Procedimiento ordinario de reforma constitucional

Es imprescindible y necesario en la reforma constitucional por el procedimiento agravado la aprobación de la misma por mayoría de tres quintos por ambas cámaras parlamentarias. Sólo se tendrá en cuenta el voto de los parlamentarios que se encuentren en el pleno ejercicio de sus funciones.

Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados tiene importantes funciones en la reforma constitucional.

Si no se consigue la mayoría de tres quintos en ambas cámaras es suficiente con que el Senado la apruebe por mayoría absoluta si el Congreso la aprueba por mayoría de dos tercios.

Se da la posibilidad de ratificar por referéndum esta reforma en los quince días siguientes a la misma si un mínimo de 35 diputados (1/10 parte) lo solicita.

Principio de interpretación conforme a la Constitución

A raíz del hecho de que la Constitución sea norma jurídica primera y fundamental se da este principio.

Al enjuiciar la legitimidad de una norma el Tribunal Constitucional tiene, antes de declararla inconstitucional o no, que interpretar la ley conforme a la Constitución en las llamadas sentencias interpretativas.

Constitución española, en la que se basa el Derecho Constitucional.

El principio democrático urge a defender las leyes y normas dadas por el poder legislativo, además también es consecuencia del principio de conservación de las normas jurídicas y del principio de seguridad jurídica.

Además, los tribunales ordinario también tienen, en el momento de interpretar el ordenamiento jurídico, que hacerlo buscando aquella interpretación que más se acerque a los principios constitucionales.

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